WWW.ELFUTUTO.NET/Luis Herasme
La afirmación reiterada del Procurador General de la República, Jean Alain Rodriguez, de que se trabajó sin prisa y sin pausa en la instrumentación de "buenos expedientes" en el caso de los sobornos de Odebrecht, ha quedado en cuestionamiento público con la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que ordenó la noche del sábado la puesta en libertad, por carencia de pruebas, de la mayoría de los detenidos, excepto Angel Rondón y Victor Díaz Rúa, quienes seguirán recluidos en la cárcel de Najayo.
Pero independientemente de la justeza o no del fallo, en cuanto a la alegada ausencia de pruebas, la desconfianza arraigada en la población dominicana en la impartición de justicia, podría llevar a muchos a cuestionar la decisión del tribunal colegiado, pese a que fue puesto en alto con mucha propiedad por la jueza presidenta Miriam Germán Brito, con la presentación de contundentes argumentos que amparan la decisión tomada.
La jueza, al momento que justificaba la variación de la coerción, dijo que el Ministerio Público no presentó elementos probatorios contra los imputados y que basó sus acusaciones, en lo fundamental, a lo dicho por terceros desde Brasil.
Germán fue más lejos, pronosticó que la Procuraduría no podrá ganar el caso en un posible juicio de fondo, si en lo adelante no realiza profundas investigaciones que permitan obtener las presuntas pruebas que fortalezcan los expedientes.
Favorecidos con libertad condicional, Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y César Sánchez, a quienes el Tribunal les impuso el pago de garantía economía, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público.
En cambio, Conrado Pittaluga, quien también estaba preso en Najayo, fue favorecido con arresto domiciliario por espacio de nueves meses.
La acusación en el caso se basa en la presunta entrega de 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios, ex funcionarios, ex legisladores y legisladores por parte de la Odebrecth, hechos supuestamente por intermedio de Angel Rondón, representante de la constructora en República Dominicana,desde marzo del año 2001.
Mediante los alegados sobornos, la Constructora habría obtenido contratas para la construcción de obras públicas por más de 6 mil millones de dólares, desde el 2001 al 2014.
Blogger Comment
Facebook Comment