Tribunal Supremo ordena a Delcy asumir como presidenta de Venezuela.

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Sábado, 3 de enero 2026.

CARACAS. Tras el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el país ha debido activar los mecanismos institucionales previstos para garantizar la continuidad del Estado y el funcionamiento pleno de sus poderes públicos.

En ese contexto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma temporalmente las funciones de la Presidencia de la República mientras dure la ausencia forzada del mandatario.

La decisión se fundamenta en la Constitución venezolana, que establece que, ante la imposibilidad del presidente de ejercer sus funciones, corresponde a la vicepresidencia asumir la conducción del Ejecutivo, preservando el orden constitucional y la estabilidad institucional del país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha acompañado históricamente al jefe de Estado en los momentos más complejos de la vida política nacional. 

REUNIÓN URGENTE DE LA CELAC.

Este 4 de enero será realizada una reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el objetivo de analizar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó ataques aéreos en varias ciudades del país y el secuestro tanto del presidente Nicolás Maduro como de la primera dama, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez: “Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente de Venezuela”


En un mensaje dirigido a la nación, Delcy Rodríguez ratificó que, pese a su secuestro, Nicolás Maduro continúa siendo el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores; único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país, y se llama Nicolás Maduro Moros”, expresó Rodríguez, dejando claro que su rol es estrictamente temporal y constitucional.

El Gobierno venezolano condenó de manera enérgica el primer ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos contra la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, calificándolo como una “gravísima agresión militar”.

Un comunicado oficial señala que estos actos constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

“La agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, advierte el texto.

Caracas sostiene que el objetivo real de los ataques es apoderarse de los recursos estratégicos del país, especialmente su petróleo y minerales, mediante el uso de la fuerza para quebrar la independencia política de la nación.

“No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino”, dice el comunicado.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Nicolás Maduro había ordenado, previo a su secuestro, la implementación del estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo de proteger los derechos de la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas y activar los mecanismos de defensa nacional.

“Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, indica el documento oficial.

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