Por Luis Herasme
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Jueves, 26 de marzo 2026
La atención del pueblo venezolano y de América Latina se concentra este jueves 26 de marzo en la segunda audiencia, en Nueva York, del caso que involucra al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos desde el pasado 3 de enero en un contexto que ha sido ampliamente cuestionado por su ilegalidad y por el uso de la fuerza.
A casi tres meses de estos hechos, el proceso judicial en Estados Unidos entra en una fase clave, marcada por crecientes dudas jurídicas y presiones internacionales.
La expectativa gira en torno a si el juez Alvin Hellerstein optará por desestimar el caso y ordenar la liberación de ambos, ante los argumentos de ilegalidad, secuestro, violaciones al debido proceso y cuestionamientos sobre la jurisdicción estadounidense.
Según los antecedentes del caso, Maduro y Flores fueron trasladados a territorio estadounidense tras un operativo militar ejecutado en Caracas, en el que se produjeron bombardeos y múltiples víctimas.
Desde entonces, permanecen en una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, enfrentando cargos de supuesto “narcoterrorismo”, los cuales han sido rechazados por ambos, quienes se declararon inocentes desde su primera comparecencia el 5 de enero.
Uno de los elementos que ha debilitado la acusación es la inconsistencia en torno al llamado “Cartel de los Soles”.
Aunque inicialmente se presentó como eje central del caso, esta figura no aparece de manera formal en la acusación judicial, lo que, en términos legales, sugiere falta de sustento probatorio. Incluso documentos estadounidenses filtrados han reducido ese concepto a una referencia ambigua, sin base estructural clara como organización criminal.
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, ha insistido en que el proceso viola derechos fundamentales, incluyendo el acceso efectivo a la defensa.
Denuncian que restricciones financieras impuestas por el propio gobierno estadounidense han impedido el uso de recursos del Estado venezolano para cubrir honorarios legales, lo que podría constituir una violación de la Sexta Enmienda.
A esto se suma la la inmunidad de jefe de Estado. Expertos en derecho internacional, como Stephen Vladeck, han señalado que, en principio, un mandatario en funciones no puede ser procesado por tribunales extranjeros por actos vinculados a su cargo, lo que añade complejidad al caso y podría prolongar el proceso durante años si no se resuelve en esta etapa preliminar.
En el plano internacional, diversos gobiernos han cuestionado la actuación de Estados Unidos, calificándola como una violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional.
Países como Rusia, China, Cuba, México y Brasil han solicitado la liberación inmediata de Maduro y Flores, argumentando que su detención carece de base legal y afecta la estabilidad de las relaciones internacionales.
Mientras tanto, desde Caracas, autoridades como Delcy Rodríguez han reiterado que Maduro sigue siendo el presidente legítimo y han denunciado el proceso como un “montaje político”.
Este día, el juez deberá decidir si el caso continúa bajo un marco jurídico altamente cuestionado o si, ante las inconsistencias y presiones acumuladas, opta por cerrarlo, y ponerlos en libertad para que regresen a Caracas.
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