Por Luis Herasme
Viernes, 15 de noviembre de 2025
La reciente exhibición de cooperación entre la República Dominicana y la DEA llega en un momento en que el gobierno de Luis Abinader necesita proyectar control ante el colapso de su narrativa de moralidad frente al narcotráfico.
Abinader intenta presentarse como un aliado ejemplar de Estados Unidos, queriendo instalar en la opinión pública la idea de que su administración está “enfrentando” a los miembros del Partido y del Gobierno vinculados al narco y al lavado de dinero; pero esa versión no se sostiene en la verdad.
La realidad es que ha sido la DEA la que ha actuado y que al Gobierno no le ha quedado más remedio que acatar.
Por eso, cuando la agencia estadounidense felicita al Palacio, lo hace por esa razón y no por eficacia.
El oficialismo intenta revertir la mala imagen política provocada por los escándalos que comprometen a figuras de su propio entorno en delitos vinculados a la droga y al lavado.
El golpe más fuerte fue la detención en Miami del diputado oficialista Miguel Gutiérrez Díaz por narcotráfico, seguida de la implicación del entonces director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro.
Entre octubre y noviembre de este año, los casos continuaron: la detención en Florida de Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virella, y más recientemente, el arresto con fines de extradición de Ethian Vásquez Amarante, esposo de la diputada del PRM Jacqueline Fernández.
Resulta comprensible, entonces, la magnitud de la desesperación gubernamental y su afán por lograr que la ciudadanía sustituya por “aplausos”, su indignación y el deseo de aplicar un castigo moral en las urnas.
Pero la credibilidad solo puede reconstruirse enfrentando con firmeza y transparencia las complicidades que permitieron que personas cercanas al poder estuvieran vinculadas a redes criminales.
De paso, una disculpa sincera del mandatario, reconociendo que su gobierno le falló a la República Dominicana, sería el gesto más sensato y responsable.
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