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Por Luis Herasme
Miércoles, 22 de enero 2025.
PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ. Cientos de familias campesinas, organizaciones sociales y ecologistas de Maimón y Cotuí, salieron en marcha a las 6 de la mañana de este miércoles en la continuación de la agenda de lucha en rechazo a un plan de desalojo y en contra de que sea construida una presa de cola (vertedero) por parte de la minera de oro Barrick Gold Pueblo Viejo.
La marcha recorrió durante horas el trayecto carretera Maimón-Cotui, logrando paralizar el transito vehicular y el traslado de empleados de la minera.
La presa de cola implicaría el desalojo de decenas de familias que se resisten y luchan, respaldadas por diversas organizaciones sociales y por la Iglesia Católica.
“La Barrick es una minera asesina protegida por un gobierno entreguista, pero el pueblo resiste y no baja la vista” expresan los protestantes.
“Solicitamos la intervención del presidente Luis Abinader”, dice uno de las pancartas.
RESPALDO DE FIGURAS PÚBLICAS.
Roque Espaillat, (El cobrador), se unió a la manifestación y dijo que la Barrick Gold, pretende adueñarse del oro que le corresponde al pueblo.
“El oro es del pueblo dominicano, está es una empresa extranjera que quiere desplazar campesinos que han vivido durante décadas y creen que pagando un puñado de monedas le pagan décadas de vida”, expresó.
Entre tanto, Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), expresó que lo que busca la Barrick es “quedarse con las manos libres” sin compromiso.
“Lo que Barrick ha estado haciendo es intentando invalidar la representación de la comunidad”, dijo, al tiempo de manifestar que estos intentan sacar de la conversación al líder y representante de los comunitarios.
HISTORIA.
Delegados de la Iglesia Católica, de grupos comunitarios, la Defensoría del Pueblo y del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, han mediado en tres reuniones, en busca de un acuerdo digno que no perjudique a las familias afectadas, pero la Barrick no cede.
El lunes 20 de enero fue el último encuentro, en el cual se le exigió a la minera entregar un informe sobre las dos normas relativas al reasentamiento involuntario, conforme a los estándares internacionales que mandan una reubicación favorable para las comunidades.
El informe debe ser presentado ante el Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días, el 30 de enero del presente mes.
Otro encuentro ha sido fijado para el 4 de febrero próximo, en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci).
LAS PROTESTAS SEGUIRÁN.
Independientemente de las reuniones, organizaciones sociales y familias afectadas manifestaron que las protestas continuarán y que no aceptarán ser desalojadas en condiciones injustas e inhumanas.
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