Por Luis Herasme
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Martes, 13 de enero 2026.
La agresión militar contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores marcan un rompimiento grave del derecho internacional y de las las normas básicas de convivencia entre las naciones.
La incursión armada colocó al pueblo de Bolívar en una situación sin precedentes en la historia nacional y abrió una etapa de profunda tensión política y social.
Más allá de diferencias políticas internas, amplios sectores de la sociedad coinciden en que ningún país puede imponer por la fuerza el destino de otro.
En el plano internacional, la reacción no se ha hecho esperar. En distintas partes del mundo crecen las movilizaciones, pronunciamientos y denuncias que condenan la agresión y el secuestro.
Organizaciones sociales, juristas y voces políticas han señalado que la ruptura del derecho internacional no tiene justificación alguna y es inaceptable.
En esta coyuntura crucial del pueblo venezolano, está claro que la defensa directa de la revolución bolivariana no vendrá de ejércitos extranjeros.
Esta defensa vendrá desde el propio pueblo en resistencia y desde su capacidad de organización, unidad y arrojo en el campo de batalla y del abrazo impresionante del actual movimiento mudial de solidaridad moral, política y social que ayuda a mantener viva la exigencia de respeto a la soberanía y a la autodeterminación.
Oportuno resaltar además que dentro de Estados Unidos, sectores políticos, sociales y jurídicos han cuestionado el uso de la fuerza y el secuestro de Maduro y Cilia, como también la masacre a sangre fría que costó la vida a 100 militares, entre venezolanos y cubanos.
Venezuela resiste con arrojo desde dentro, con la fuerza de su gente y con la solidaridad mundial que rechaza la agresión, el secuestro y la imposición, porque solo a su pueblo corresponde construir su futuro en plena libertad soberana.
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