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Viernes, 9 de enero 2026.
El Decreto 500-25, emitido por el presidente Luis Abinader el 2 de septiembre de 2025, marca un giro preocupante y vergonzoso en la política exterior de la República Dominicana.
Fue la expresión de una sumisión abierta a favor de una narrativa imperial que el gobierno de Abinader asumió sin preocuparse de nada más. Solo era suficiente la certeza de que el decreto iba a gustar al actual inquilino de la Casa Blanca.
La medida se apoyó en el relato promovido por la administración de Donald Trump sobre la supuesta existencia del llamado “Cártel de los Soles”, sin que mediara una investigación independiente y sin que hubieran pruebas verificables.
No hubo análisis, solo obediencia y bajo esa sombra salió decreto que declaraba al inexistente "cártel" como organización terrorista.
El entereguismo del gobierno dominicano ha quedado muy mal parado, cuando tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvo que reconocer que el referido “cartel” no existe. El término fue utilizado de manera política, no jurídica.
Con la caída de esa narrativa, el Decreto 500-25, resultado de la pérdida autonomía de nuestro país, ha quedado sin base real y tendrá que ser derogado.
Mientras otros países de la región actuaron con cautela, conscientes de que Washington ajusta sus relatos según convenga, República Dominicana optó por colocarse de rodillas.
No se trató de cooperación internacional ni de lucha real contra el narcotráfico, sino de asumir sin cuestionar una agenda ajena, aunque luego esa misma agenda fuera corregida por quienes la impulsaron.
Hoy, la derogación o anulación del decreto parece inevitable, pero es poco probable que el presidente Abinader ofrezca disculpas públicas. Hacerlo implicaría admitir que el país fue arrastrado por una narrativa falsa y que su gobierno renunció a tener criterio propio y soberano para complacer al poder hegemónico.
Este episodio no es un hecho aislado. Es la confirmación de una política exterior entreguista, donde la sumisión sustituye al análisis, y donde el presidente de la República actúa más como subalterno disciplinado que como defensor de la dignidad nacional.
El Decreto 500-25 constituye una advertencia histórica de lo que pasa cuando un país renuncia a su criterio propio y soberano y acepta, sin cuestionar, decisiones dictadas desde fuera.
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