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Con solo dos interrogados, el fraude comprobado en Senasa, comprobado por interrogatorios, ya supera los RD$2,100 millones. |
Con tan solo dos de los interrogados, el fraude admitido y documentado asciende a más de RD$2,157 millones, una cifra que por sí sola coloca el caso entre los mayores escándalos de corrupción vinculados al sector salud.
Las declaraciones rendidas ante los fiscales establecen que estos pagos ilegales se produjeron entre 2020 y 2025, como parte de un esquema que exigía a las empresas proveedoras devolver entre un 30 % y un 35 % del valor de los contratos inflados o devaluados, adjudicados por el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Dichos retornos constituían, según los propios implicados, una condición para mantener la relación contractual con la institución.
De ese monto ya confesado, más de RD$1,100 millones habrían sido entregados en efectivo entre 2022 y 2025. El resto se habría canalizado mediante transferencias bancarias a través de empresas intermediarias.
Aunque estas cifras corresponden únicamente a dos proveedores, fuentes vinculadas al proceso señalan que el esquema operó durante casi cinco años de manera sostenida, involucrando a múltiples suplidores y a intermediarios encargados de recaudar y distribuir los sobornos.
En ese contexto, las proyecciones preliminares del daño económico al Estado sitúan el desfalco total en un rango entre los RD$10,000 y RD$25,000 millones, dependiendo de cuántas empresas más resulten implicadas y del volumen real de los contratos comprometidos. Extraoficialmente, algunas organizaciones de la sociedad civil hablan de más de 40 mil millones.
La investigación también examina el posible uso de parte de los fondos para actividades políticas, especialmente en el período previo a las elecciones de 2024.
El caso se encuentra en fase de investigación y judicialización, por lo que las autoridades advierten que las cifras podrían incrementarse significativamente a medida que nuevos imputados y colaboradores aporten información.
No obstante, el hecho de que solo dos confesiones permitan acreditar un fraude superior a los RD$2,100 millones anticipa la magnitud real de un esquema que compromete seriamente la credibilidad y los recursos del sistema público de salud.
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