Odebrecht pide US$ 708 millones más por Punta Catalina.


Por Luis Herasme.

El gobierno dominicano ha reaccionado con firmeza a la pretensión de la constructora Odebrecht de que le den 708 millones de dólares adicionales al monto del contrato, para la terminación de las plantas a carbón Punta Catalina, en Peravia.

Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CEDEE), dijo que el gobierno no le dará ni un centavo más a Odebrecht.

El Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella,

El contrato establece que la central termoeléctrica se construirá a un costo de 1945 millones de dólares y tendrá una capacidad de generación de 730 megavatios.

El texto que sigue fue tomado de acento.com.do

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) explicó que recibió los días 6 y 19 de julio de este año un pliego de documentos contentivos de ocho extensos volúmenes en los que el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella presenta requerimientos adicionales a lo previamente contratado para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

“De inmediato, los equipos técnicos de la CDEEE, la firma Stanley Consultants, quienes son los Ingenieros Supervisores de la Obra y la Unidad Ejecutora de Proyectos, procedieron a la evaluación de los requerimientos, cuyo monto alcanza los US$708 millones, monto que exige en forma adicional a los US$1,945 millones que establece el contrato de Ingeniería, Procura y Construcción”, indicó.

Según explicó Jiménez Bichara, hasta el 31 de julio de este año, los trabajos de construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina están avanzados en un 80%, promedio que resulta de los avances de cada área contractual (Ingeniería: 99%; Procura: 98%; Construcción: 55%).

Dijo que en este momento en las labores de construcción de la obra hay aproximadamente 7,300 trabajadores de distintas especialidades técnicas y profesionales, y que a la fecha, la inversión del Gobierno dominicano en la central termoeléctrica asciende a US$1,614 millones.

“En forma resumida, podemos decir que los reclamos del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella se dividen en dos puntos globales: 1-Aspectos relacionados con el cronograma de construcción y posible extensión de plazos de terminación de la obra, por la suma de US$542.6 millones. 2-Modificaciones incurridas en el proyecto por situaciones surgidas en el proceso y que no fueron contempladas previamente, por la suma de US$165.6 millones”, detalló.

Aseguró que el pasado viernes 18 de agosto, dentro del plazo contractual establecido, la CDEEE respondió por escrito al Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella que no acepta ninguno de los reclamos que le fueron sometidos en los requerimientos, por lo que el Gobierno Dominicano no está en la disposición de pagar ni un solo centavo adicional al monto que se origina de la aplicación estricta del contrato, en el entendido de que éste es un Contrato EPC que implica que la empresa constructora asume los riesgos del proceso.

Sostuvo que CDEEE mantiene su compromiso de trabajar para que la obra energética concluya satisfactoriamente, por lo que dispone de los recursos necesarios para cubrir los costos de construcción originalmente acordados.

Afirmó que los trabajos de construcción de la obra continúan a ritmo adecuado y los pagos correspondientes al Consorcio se harán de forma oportuna, con base en el cumplimiento de los hitos que incluye el proyecto, tal como lo establece el Contrato EPC.

“Desde la CDEEE tenemos la firme intención de que esta central termoeléctrica, con una capacidad total de 752 megavatios en base a carbón mineral pulverizado, sea concluida a finales del año 2018. La CDEEE está comprometida con el interés nacional y defenderá, como hasta ahora lo ha hecho, cada centavo invertido y por invertir para la exitosa terminación y puesta en funcionamiento de esta obra energética, con base en el valor contractual previamente establecido”, indicó.

No obstante, dijo que la semana próxima se iniciarán las conversaciones con el consorcio con la finalidad de demostrarle que la posición que defiende la entidad estatal es totalmente compatible con el contrato EPC y, en consecuencia, con las obligaciones asumidas por las partes.
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