POR: RAFAEL MENDEZ
La comunidad internacional, y hay que colocar en primer plano a la ONU y hasta el propio gobierno de los Estados Unidos, han reaccionado sorprendidos por la victoria, aunque pírrica, pero victoria al fin, del NO en el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz concertado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Para el mundo sensato, en Colombia y en cualquier parte del Globo terráqueo, era impensable que un país, en una consulta, le dijera NO a un acuerdo que iniciaba un proceso de paz que ponía término a más de cinco década de un conflicto social armado, que venía desangrando a esa hermana Nación, y las partes beligerantes llegaran a la conclusión de que la única salida era la mesa de negociación, no la vía militar.
Y a ese esfuerzo el Gobierno Nacional de Colombia y la FARC-EP se dedicaron de manera ininterrumpida durante cuatro años, mas dos años que pasaron discutiendo la agenda, contando con Cuba y Noruega como países garantes, con el apoyo permanente de Chile y Venezuela, y un delegado del Gobierno de los Estados Unidos, entre otras delegaciones y comisiones de distintas índoles que se dieron cita en La Habana durante esa larga jornada histórica.
El mundo, por medio de sus instancias más representativas, celebró “a mandíbula batiente” ese acuerdo, y lo demuestra el hecho de que el día de la firma asistieron trece presidentes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, casi todos los cancilleres de Europa, mas de dos mil 500 delegados, entre otras altas representaciones de todos los continentes.
Pero como dijo un analista, “la paradoja de la historia es así: Desconcertante”, y es desconcertante e inexplicable que una sociedad se haya dejado manipular al extremo de negar con su voto positivo la superación de una lacerante realidad que viene golpeando con cimientes más sensibles de esa nación, y como consecuencia la inestabilidad de sus vecinos y de la región.
Que quienes residen en los centros urbanos, por el hecho de no sentir en sus barbas los horrores de la guerra, sean incapaces de ver una realidad que gravita de manera negativa en todos los aspectos de la vida social, política y económica del pueblo de Colombia. Que al Gobierno le ha costado 179 mil millones de dólares, sin contar la perdida de recursos humanos y económicos que han sacrificados los grupos insurgentes.
Más de 200 mil muertos, más de cinco millones de desplazados, más de ocho mil presos políticos, centenares de exiliados, pero más que todo, 52 mal contados años de guerra, si partimos del pronóstico del líder popular Eliezer Gaitán, asesinado en 1948, quien advirtió que si los sectores intolerantes logran su muerte, Colombia se envolvería en más de 50 años de guerra, por lo que hay que contar que la inestabilidad política y social en el hermano país, lleva casi 70 anos.
El gran asombro es como los sectores urbanos se dejaron manipular tan aviesamente de los enemigos de la paz, de quienes han venido haciendo grandes negocios con la guerra, de quienes han promovido y financiado los grupos paramilitares, de quienes prometieron que derrotaran con las armas a los grupos que han sostenido con el fusil las aspiraciones más sentidas de los sectores excluidos, en la sociedad más desigual de la región, a pesar de su riqueza.
Y digo esto porque en las demarcaciones, testigos y victimas del teatro de los acontecimientos armados, el SI se impuso hasta con un 85 por ciento del favor de quienes han padecido en carne propia el fragor de la guerra, y en el que menos porcentaje registró fue en el Cauca con un 68 por ciento de votos por el SI.
Ahora Colombia está ante el dilema de una decisión política que, según algunos, le impone el plebiscito, aunque para otros, incluyendo al líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, no es vinculante, pero ante un “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera, alcanzado el 24 de agosto de 2016 en La Habana, mantiene su validez jurídica a pesar del resultado del plebiscito.
“Ello por varias razones. En primer lugar, porque el artículo 22 de la Constitución Política colombiana reza: "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". En segundo, porque la sentencia de la Corte Constitucional colombiana que se pronunció el pasado mes de Julio sobre la ley de convocatoria del plebiscito estableció que el resultado de este no tenía ningún efecto jurídico respecto al Acuerdo de Paz, si bien implicaba una obligación política para el Presidente de Colombia, quien decidió unilateralmente convocarlo sin tener obligación de hacerlo.
“Y, en tercer lugar, porque el Acuerdo Final ya tiene fuerza jurídica propia conforme al derecho internacional, toda vez que fue suscrito como Acuerdo Especial –figura jurídica de obligatorio cumplimiento prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949– y depositado por las partes ante el organismo depositario de las Convenciones de Ginebra, dándole así legitimidad a sus contenidos”, advierte Enrique Santiago Romero, uno de los experimentados juristas, experto en derecho internacional.
El Autor es periodista y diputado de la República Dominicana en representacion de la Provincia Bahoruco.
Para el mundo sensato, en Colombia y en cualquier parte del Globo terráqueo, era impensable que un país, en una consulta, le dijera NO a un acuerdo que iniciaba un proceso de paz que ponía término a más de cinco década de un conflicto social armado, que venía desangrando a esa hermana Nación, y las partes beligerantes llegaran a la conclusión de que la única salida era la mesa de negociación, no la vía militar.
Y a ese esfuerzo el Gobierno Nacional de Colombia y la FARC-EP se dedicaron de manera ininterrumpida durante cuatro años, mas dos años que pasaron discutiendo la agenda, contando con Cuba y Noruega como países garantes, con el apoyo permanente de Chile y Venezuela, y un delegado del Gobierno de los Estados Unidos, entre otras delegaciones y comisiones de distintas índoles que se dieron cita en La Habana durante esa larga jornada histórica.
El mundo, por medio de sus instancias más representativas, celebró “a mandíbula batiente” ese acuerdo, y lo demuestra el hecho de que el día de la firma asistieron trece presidentes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, casi todos los cancilleres de Europa, mas de dos mil 500 delegados, entre otras altas representaciones de todos los continentes.
Pero como dijo un analista, “la paradoja de la historia es así: Desconcertante”, y es desconcertante e inexplicable que una sociedad se haya dejado manipular al extremo de negar con su voto positivo la superación de una lacerante realidad que viene golpeando con cimientes más sensibles de esa nación, y como consecuencia la inestabilidad de sus vecinos y de la región.
Que quienes residen en los centros urbanos, por el hecho de no sentir en sus barbas los horrores de la guerra, sean incapaces de ver una realidad que gravita de manera negativa en todos los aspectos de la vida social, política y económica del pueblo de Colombia. Que al Gobierno le ha costado 179 mil millones de dólares, sin contar la perdida de recursos humanos y económicos que han sacrificados los grupos insurgentes.
Más de 200 mil muertos, más de cinco millones de desplazados, más de ocho mil presos políticos, centenares de exiliados, pero más que todo, 52 mal contados años de guerra, si partimos del pronóstico del líder popular Eliezer Gaitán, asesinado en 1948, quien advirtió que si los sectores intolerantes logran su muerte, Colombia se envolvería en más de 50 años de guerra, por lo que hay que contar que la inestabilidad política y social en el hermano país, lleva casi 70 anos.
El gran asombro es como los sectores urbanos se dejaron manipular tan aviesamente de los enemigos de la paz, de quienes han venido haciendo grandes negocios con la guerra, de quienes han promovido y financiado los grupos paramilitares, de quienes prometieron que derrotaran con las armas a los grupos que han sostenido con el fusil las aspiraciones más sentidas de los sectores excluidos, en la sociedad más desigual de la región, a pesar de su riqueza.
Y digo esto porque en las demarcaciones, testigos y victimas del teatro de los acontecimientos armados, el SI se impuso hasta con un 85 por ciento del favor de quienes han padecido en carne propia el fragor de la guerra, y en el que menos porcentaje registró fue en el Cauca con un 68 por ciento de votos por el SI.
Ahora Colombia está ante el dilema de una decisión política que, según algunos, le impone el plebiscito, aunque para otros, incluyendo al líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, no es vinculante, pero ante un “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera, alcanzado el 24 de agosto de 2016 en La Habana, mantiene su validez jurídica a pesar del resultado del plebiscito.
“Ello por varias razones. En primer lugar, porque el artículo 22 de la Constitución Política colombiana reza: "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". En segundo, porque la sentencia de la Corte Constitucional colombiana que se pronunció el pasado mes de Julio sobre la ley de convocatoria del plebiscito estableció que el resultado de este no tenía ningún efecto jurídico respecto al Acuerdo de Paz, si bien implicaba una obligación política para el Presidente de Colombia, quien decidió unilateralmente convocarlo sin tener obligación de hacerlo.
“Y, en tercer lugar, porque el Acuerdo Final ya tiene fuerza jurídica propia conforme al derecho internacional, toda vez que fue suscrito como Acuerdo Especial –figura jurídica de obligatorio cumplimiento prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949– y depositado por las partes ante el organismo depositario de las Convenciones de Ginebra, dándole así legitimidad a sus contenidos”, advierte Enrique Santiago Romero, uno de los experimentados juristas, experto en derecho internacional.
El Autor es periodista y diputado de la República Dominicana en representacion de la Provincia Bahoruco.
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