Nadie se opone a que el Estado dominicano ejerza los debidos controles migratorios a lo largo de la frontera con Haití. Es su deber y responsabilidad.
Esto es diferente al propósito de la Junta Central Electoral -JCE- de despojar de la nacionalidad dominicana a más de 200 mil dominicanos de piel negra, de ascendencia haitiana, hijos, nietos o bisnietos de indocumentados, en acatamiento a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional -TC-, retroactiva al 1929.
Esta Sentencia provoca ya una condena nacional e internacional casi generalizada que podría llevar a sanciones comerciales y a un desplome de la voluntad de cientos de miles de turistas a visitar República Dominicana. Se nos compara con la Alemania de Hitler o con la Sudafrica del Apartheid.
Insisto. Esta Sentencia no hallará canal seguro por el que pueda discurrir sin que le espere el abismo. El TC tendrá que revisarla y así evitar el desplome de la nación dominicana.
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