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Jueves, 26 de marzo 2026.
Nueva York, 26 de marzo de 2026. La segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se desarrolló este jueves en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York bajo un clima de alta tensión política, expectativas internacionales y un marcado pulso entre la defensa y la fiscalía estadounidense.
El juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de la defensa de desestimar los cargos contra Maduro y Flores, acusados por el gobierno de Trump de conspiración por narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas y asociación con estructuras criminales.
Los abogados de Maduro insistieron en que las sanciones impuestas por Estados Unidos impiden utilizar recursos del Estado venezolano para cubrir los honorarios, lo que, según argumentaron, vulnera el derecho constitucional del acusado a elegir su representación legal.
Por su parte, la fiscalía sostuvo que permitir el uso de esos fondos violaría el régimen de sanciones vigente y abriría un precedente delicado en materia de seguridad nacional.
El juez Hellerstein mostró reservas frente a la posición del gobierno estadounidense y subrayó la importancia de garantizar un juicio justo, aunque evitó emitir una decisión definitiva sobre este punto, dejando en suspenso uno de los aspectos más determinantes del proceso.
Durante la audiencia, ambos acusados permanecieron bajo estrictas medidas de seguridad tras su traslado desde un centro de detención en Brooklyn.
Maduro fue observado atento, tomando notas y comunicándose constantemente con su equipo legal, mientras que la defensa de Flores introdujo preocupaciones relacionadas con su estado de salud, solicitando atención médica especializada.
El origen del caso se remonta al 3 de enero de 2026, cuando Maduro y Flores fueron secuestrados y trasladados a territorio estadounidense en una operación que Washington intenta justificar como parte de su lucha contra el narcotráfico.
El caso continuará su curso, la disputa por los recursos para la defensa sigue sin resolverse y el tribunal deberá pronunciarse en los próximos días sobre un tema que podría incidir directamente en el equilibrio del juicio.
En lo inmediato, queda claro que se trata de un proceso complejo, altamente politizado y con repercusiones que impactan más allá del ámbito judicial, proyectándose sobre la dinámica política regional e internacional.
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