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Domingo, 7 diciembre 2025.
Fueron detenidas Yris del Carmen Reyes Adames, directora del centro; Gisela González, coordinadora general; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
De manera preliminar, el caso ha sido calificado como homicidio involuntario, y no se descarta la posible formulación de cargos relacionados con abandono y maltrato de menores, de conformidad con las leyes dominicanas.
La investigación se realiza por disposición de la Procuraduría General de la República y está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución, junto a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la unidad especializada en Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF).
La Procuraduría pidió al Ministerio de Educación (MINERD) realizar una inspección al Colegio Leonardo Da Vinci para evaluar los protocolos de seguridad aplicados en excursiones escolares y determinar posibles violaciones al interés superior del niño y la niña.
Para muchos, resulta evidente el contraste entre los largos días de silencio y la rapidez de las acciones una vez que el caso alcanzó notoriedad mediática.
El caso de Estéfóra reafirma una vez más que muchos expedientes se quedan dormidos en los archivos, porque no son tocados por los titulares y las cámaras, pero la justicia verdadera no debe depender del ruido público, sino del deber, sin impotar raza o color de piel.
El nombre de Stephora Anne-Mircie Joseph, que en español suena como “Estéfóra An Mirsí Yósef”, permaneció durante semanas bajo la evidente indiferencia del Ministerio Público, hasta que el caso comenzó a generar un ruido cada vez mayor en los medios de comunicación, situación que vuelve a encender las alarmas sobre la forma en que se imparte justicia en la República Dominicana.
La cobertura mediática, alimentada por denuncias, testimonios y cuestionamientos públicos, terminó por romper el silencio institucional, escalando el caso en un tema de debate nacional.
Preocupa que evidentemente no ha sido una actuación espontánea del sistema de justicia, sino una reacción frente a la creciente presión desde la radio, la televisión, las redes y los diarios.
CONTEXTO.
La menor, de padres haitianos, perdió la vida el 14 de noviembre en Gurabo de Santiago, en la Hacienda Los Caballos, cuando participaba de una excursión escolar organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci de esa misma provincia.
Ha trascendido que en la excursión participaron 87 estudiantes, bajo la supervisión de apenas tres adultas, sin que se adoptaran medidas mínimas de seguridad, para el baño en una piscina de la Hacienda.
El expediente del Ministerio Público hace referencia a una posible negligencia grave en la supervisión, sustentada en testimonios y elementos audiovisuales que forman parte de la investigación y que apuntan a fallas importantes en los protocolos de cuidado.
Estas preguntas encontraron eco en medios digitales, programas de radio, canales de televisión y redes sociales, donde la indignación fue creciendo, acompañada de exigencias de justicia por parte de la ciudadanía, comunicadores y organizaciones sociales.
Finalmente, el Ministerio Público procedió a detener a cuatro personas vinculadas a la dirección y supervisión del centro educativo.
Fueron detenidas Yris del Carmen Reyes Adames, directora del centro; Gisela González, coordinadora general; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
De manera preliminar, el caso ha sido calificado como homicidio involuntario, y no se descarta la posible formulación de cargos relacionados con abandono y maltrato de menores, de conformidad con las leyes dominicanas.
La investigación se realiza por disposición de la Procuraduría General de la República y está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución, junto a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la unidad especializada en Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF).
La Procuraduría pidió al Ministerio de Educación (MINERD) realizar una inspección al Colegio Leonardo Da Vinci para evaluar los protocolos de seguridad aplicados en excursiones escolares y determinar posibles violaciones al interés superior del niño y la niña.
Para muchos, resulta evidente el contraste entre los largos días de silencio y la rapidez de las acciones una vez que el caso alcanzó notoriedad mediática.
El caso de Estéfóra reafirma una vez más que muchos expedientes se quedan dormidos en los archivos, porque no son tocados por los titulares y las cámaras, pero la justicia verdadera no debe depender del ruido público, sino del deber, sin impotar raza o color de piel.

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