SANTO DOMINGO, 3 jul (Xinhua) -- El Consejo de Ministros de Haití decidió suprimir todos los contratos con irregularidades suscritos durante el periodo de emergencia que siguió al terremoto del 2010, salvo uno para reconstrucción del Parlamento y otro para rehabilitar el área de un antiguo aeropuerto, informaron hoy autoridades haitianas.
La medida afecta sobre todo a empresas dominicanas a las cuales el gobierno haitiano adjudicó contratos sin concurso público para iniciar la reconstrucción del país, apenas meses después de ocurrido el terremoto que dejó 22.570 muertos, un millón y medio de damnificados y pérdidas materiales por 7.900 millones de dólares.
El Consejo de Ministros adoptó la decisión este lunes durante una reunión presidida por el presidente Michel Martelly, luego de que el primer ministro Laurent Lamothe presentara las recomendaciones de una comisión encaminadas a la cancelación unilateral de los contratos, a los que no se han efectuado ningún desembolso.
"La supresión muestra la voluntad de Lamothe de poner fin a esta controversia", indicó la oficina de prensa del primer ministro, en un comunicado dado a conocer este martes en la capital haitiana, Puerto Príncipe.
La decisión del Consejo de Ministros fue comunicada al Ministerio de Cooperación Externa y Planificación para la aplicación de las recomendaciones de la auditoría.
Sólo dos contratos fueron preservados, un para la rehabilitación del antiguo aeropuerto en el distrito de Bowenfield y al que se le ha asignado una cantidad significativa, y otro para la construcción del nuevo Parlamento.
"Para el Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, los contratos fueron adjudicados en el período de emergencia de conformidad con la ley, pero la institución no emitió ninguna objeción contra la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría", dice el comunicado de la jefatura de gobierno.
En febrero de este año, el entonces primer ministro Garry Conille anunció la apertura de una investigación sobre la gestión de su antecesor, Jean Max Bellerive, labor que encomendó a una comisión que halló irregularidades en por lo menos 41 contratos suscritos por el ex jefe de gobierno, por un total de 431 millones de dólares.
Bellerive, que niega responsabilidad en acciones ilegales, se ha mostrado dispuesto a responder a las acusaciones hechas en su contra por el supuesto mal manejo de las licitaciones públicas en el período de emergencia que siguió al terremoto del 2010.
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