.jpg)
www.elfututo.net
Domingo, 4 de enero 2025.
Estados Unidos y su gobierno se aventuraron en una operación que, lejos de fortalecer su posición internacional, los ha colocado ante una carga política, jurídica y moral que no podrán sostener por mucho tiempo.
La captura o secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acompañada de bombardeos y muertes, constituye una de las rupturas más graves del derecho internacional en las últimas décadas, cometida en perjuicio de la soberanía de un país llamado a trillar su propio destino, se esté o no de acuerdo con su administración gubernamental.
No se trata de afinidades ideológicas ni de simpatías políticas. El núcleo del problema es que ninguna potencia puede arrogarse el derecho de secuestrar al jefe de Estado de otro país, al margen de la Organización de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de los principios que rigen la convivencia entre naciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La reacción internacional ha sido rápida, amplia y hasta sorprendente para algunos. Países de Asia, Europa, África y América Latina han condenado la acción estadounidense, conformando un bloque que hoy representa más de 4 300 millones de personas, es decir, alrededor del 53 % de la población mundial, sin contar la amplia cantidad de habitantes indignados de otras naciones, cuyos gobiernos han respaldado a la Casa Blanca, como es el caso de la administración de Luis Abinader, en la República Dominicana o el caso del gobierno de Javier Milei, en Argentina.
Entre las naciones que han expresado su rechazo se encuentran China, India, Rusia, Turquía, Vietnam e Irán; en América Latina, Brasil, México, Colombia, Chile, Cuba, Nicaragua, Honduras y Uruguay; en África, Sudáfrica y otros.
Se trata de potencias globales, economías emergentes y países con tradiciones diplomáticas diversas que coinciden en rechazar el secuestro de Maduro y Cilia, porque constituye una violación grave del derecho internacional y un precedente inaceptable.
Estados Unidos y su gobierno se aventuraron en una operación que, lejos de fortalecer su posición internacional, los ha colocado ante una carga política, jurídica y moral que no podrán sostener por mucho tiempo.
La captura o secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acompañada de bombardeos y muertes, constituye una de las rupturas más graves del derecho internacional en las últimas décadas, cometida en perjuicio de la soberanía de un país llamado a trillar su propio destino, se esté o no de acuerdo con su administración gubernamental.
No se trata de afinidades ideológicas ni de simpatías políticas. El núcleo del problema es que ninguna potencia puede arrogarse el derecho de secuestrar al jefe de Estado de otro país, al margen de la Organización de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de los principios que rigen la convivencia entre naciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La reacción internacional ha sido rápida, amplia y hasta sorprendente para algunos. Países de Asia, Europa, África y América Latina han condenado la acción estadounidense, conformando un bloque que hoy representa más de 4 300 millones de personas, es decir, alrededor del 53 % de la población mundial, sin contar la amplia cantidad de habitantes indignados de otras naciones, cuyos gobiernos han respaldado a la Casa Blanca, como es el caso de la administración de Luis Abinader, en la República Dominicana o el caso del gobierno de Javier Milei, en Argentina.
Entre las naciones que han expresado su rechazo se encuentran China, India, Rusia, Turquía, Vietnam e Irán; en América Latina, Brasil, México, Colombia, Chile, Cuba, Nicaragua, Honduras y Uruguay; en África, Sudáfrica y otros.
También se han unido al rechazo mundial, el bloque mayoritario de la Unión Europea, que incluye a Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Polonia, Suecia, Grecia, Irlanda, Bélgica, Austria, entre otros.
La amplitud geográfica y demográfica de este rechazo desmonta cualquier intento de presentar la condena como marginal o ideológica.
La amplitud geográfica y demográfica de este rechazo desmonta cualquier intento de presentar la condena como marginal o ideológica.
La Casa Blanca no podrá cargar por mucho tiempo con el peso de una opinión pública internacional abrumadoramente desfavorable. Esta presión seguirá creciendo y más naciones se sumarán a esta ola descomunal de rechazo.
No podrá, porque también hay que significar la amplia unidad política, social y militar que se ha expresado en Venezuela en respaldo al presidente, en defensa de la soberanía nacional, el orden constitucional, y en rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera.
En este contexto, la liberación de Nicolás Maduro y su retorno a Venezuela se vuelve una necesidad jurídica y estratégica, más que una concesión política de parte de EEUU.
Esta ola, además, no es solo por la violación del derecho internacional, sino porque esas naciones están convencidas de que Nicolás Maduro y Cilia Flores no son delincuentes ni narcotraficantes y que no han hecho otra cosa que abrazarse a una convicción ideologica que consideran necesaria para Venezuela, independientemente que sea compartida o no.
Son figuras políticas de un Estado soberano, con legitimidad defendida o cuestionada según las posiciones o según el cristal con que se mire, pero a las que hay que defender en conformidad a la autodeterminación de los pueblos y al derecho internacional.
El destino de los países los han de trillar los propios países, sin intromisiones.
Aceptar este precedente equivaldría a admitir que cualquier país poderoso puede secuestrar a las autoridades de otro si le resultan incómodas. Ese camino no conduce al orden, sino al caos.
Estados Unidos ha cruzado una línea que no debió cruzar. Y la respuesta global indica que el mundo no está dispuesto a aceptar ese quiebre.
Estados Unidos ha cruzado una línea que no debió cruzar. Y la respuesta global indica que el mundo no está dispuesto a aceptar ese quiebre.
Nicolás Maduro tendrá que ser liberado y restituido, no como un gesto humanitario, sino como una exigencia del derecho internacional y de la estabilidad global.
Blogger Comment
Facebook Comment