Propuestas para la Educación Política en la Ley de Partidos.



Por Welkin Cuevas

Las organizaciones que conforman el sistema de partidos de la República Dominicana, tienen en común respecto de la educación política, el mérito de que en sus inicios asumieron dentro de sus prioridades las escuelas, institutos o núcleos de formación para desarrollar programas de capacitación fundamentados en temas claves; no solo como requisitos para obtener la categoría de militantes o miembros, sino muy especialmente con el objetivo de desarrollar a dirigentes y líderes capaces de insertarse en la construcción de propuestas y para sustentar debates y reflexiones sobre el acontecer público nacional e internacional.
Sin embargo, desde hace dos décadas, el aspecto electoral ocupa prácticamente todos los espacios de las agendas partidarias; y si en el presente quedan algunas iniciativas tituladas como de formación política, resulta que en la práctica son programas limitados básicamente a los temas de organización de campañas, comunicación política y marketing electoral, incitando al aprovechamiento individual.

Ese movimiento circunstancial para privilegiar la esfera electoral, si bien le ha generado a los partidos políticos relativos éxitos; no menos importante es que también les constituye la principal debilidad.

Pues esa realidad es sin dudas la causa fundamental por la cual los partidos políticos –no obstante ser las instituciones que han realizado los aportes más trascendentales para la consolidación del sistema democrático y han impulsado significativamente al crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana- sin embargo, paradójicamente han visto diezmar la capacidad de gestionar de manera eficiente las respuestas a las denuncias de las organizaciones apartidistas, y los reclamos de una ciudadanía insatisfecha por los temas pendientes para el fortalecimiento de las prácticas transparentes.

Ese contexto hace justamente este un excelente momento para las organizaciones políticas y de la sociedad civil juntos a los órganos electorales, proponerle al Congreso Nacional, ante la inminente aprobación de la Ley de Partidos, una agenda que optimice los recursos como necesidad y obligación impostergable para fortalecer y en algunos casos reabrir las escuelas de capacitación política.

A través de esos espacios formativos será más provechoso para nuestras instituciones incursionar en temas que en la actualidad han generado fricciones, pero que resulta estratégicamente conveniente solucionarlos. Dentro de estos: los principios y normas de democracia interna, transparencia, rendición de cuentas, apertura a nuevos sectores, la fiscalización por parte de los organismos públicos, sumado a la inclusión igualitaria de género, el impulso a los espacios políticos para la juventud como plataforma de relevo -sin necesidad de rivalizar y mucho menos perjudicar a los dirigentes de trayectorias consolidadas-, sino en lugar de esa fuente de tensión, establecer lazos de colaboración entre ambos segmentos, acompañado de reglas claras y estableces para la renovación de las estructuras de dirección.

Con la educación política, los partidos cultivarán para el presente la agenda sugerida en el párrafo anterior, y garantizarán para el futuro la consolidación de líderes con ideales; hombres y mujeres capaces de trasladar las disputas políticas al debate programático; políticos más tolerantes los unos con los otros, y conscientes de que necesitamos la deliberación de ideas para aplicar inclusive las propuestas de otros actores si favorecen a la institucionalidad, como fue originalmente concebido.

Recordemos que la misión de nuestros partidos, no sólo debe encuadrarse en pretender dirigir el Estado, pues también corresponde tener presente el rol de servir de mediación con la sociedad en su conjunto.

En conclusión, potencializando los programas y estamentos de formación política y cívica, dedicándoles las temáticas, los recursos y el capital humano necesarios, como arriba sugiero; en los partidos, reafirmarán moralmente ante la sociedad, como las organizaciones meritorias de canalizar la representación política de la ciudadanía, manteniendo en alto la dignidad que implica sus mandatos.