Por Luis Herasme
Martes, 5 de mayo de 2026
Cuando el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ordena la suspensión del proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana, la decisión aparece directamente vinculada a la elevada presión social ejercida desde las comunidades.
Al mismo tiempo, el anuncia vuelve a poner en evidencia la ausencia de un criterio gubernamental claramente definido que coloque la protección del agua, los bosques y el aire por encima de la lógica de la explotación minera.
Más allá del caso específico, lo que se desprende es la percepción de que la política ambiental del Estado no está siendo guiada por un principio firme, anticipado y preventivo de protección de los recursos naturales, sino que la continuidad o paralización de un proyecto minero terminaría dependiendo, en buena medida, de la intensidad de la reacción social en la zona de impacto.
Bajo esa lógica, si la defensa del medio ambiente queda sujeta al nivel de presión comunitaria, entonces no existe una garantía homogénea de protección para otros territorios del país que no cuenten con la capacidad de movilización social observada en San Juan de la Maguana.
En otras palabras, la salvaguarda del agua, la tierra y el aire corre el riesgo de convertirse en un derecho desigual, condicionado por la fuerza organizativa de cada comunidad y no por una política estatal consistente.
Lo que queda planteado, entonces, es la necesidad de que el país consolide una política ambiental clara, estable y preventiva, capaz de colocar el interés colectivo y la sostenibilidad por encima de cualquier lógica meramente mercantil asociada a la actividad minera.
Más allá del caso específico, lo que se desprende es la percepción de que la política ambiental del Estado no está siendo guiada por un principio firme, anticipado y preventivo de protección de los recursos naturales, sino que la continuidad o paralización de un proyecto minero terminaría dependiendo, en buena medida, de la intensidad de la reacción social en la zona de impacto.
Bajo esa lógica, si la defensa del medio ambiente queda sujeta al nivel de presión comunitaria, entonces no existe una garantía homogénea de protección para otros territorios del país que no cuenten con la capacidad de movilización social observada en San Juan de la Maguana.
En otras palabras, la salvaguarda del agua, la tierra y el aire corre el riesgo de convertirse en un derecho desigual, condicionado por la fuerza organizativa de cada comunidad y no por una política estatal consistente.
Lo que queda planteado, entonces, es la necesidad de que el país consolide una política ambiental clara, estable y preventiva, capaz de colocar el interés colectivo y la sostenibilidad por encima de cualquier lógica meramente mercantil asociada a la actividad minera.