En ese marco, el mandatario dispuso la salida de Limber Cruz del Ministerio de Agricultura y designó en su lugar a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, una de las dependencias más cuestionadas por el abandono del sector agropecuario y por posibles malos manejos de los recursos.
Los cambios también alcanzaron el área social, uno de los pilares discursivos del actual gobierno, en medio de una creciente insatisfacción popular por la ausencia de políticas sociales con criterio institucional y en base a los niveles de pobreza.
Estas decisiones coinciden con un ambiente político cargado de denuncias, investigaciones y sometimientos judiciales vinculados al desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), un caso que ha generado particular sensibilidad por tratarse de una institución clave del sistema de protección social.
Más allá de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales, el episodio ha tenido un impacto político significativo y ha puesto a prueba el discurso oficial de tolerancia cero frente a la corrupción.
Estas designaciones del presidente Abinader no pueden leerse únicamente como ajustes administrativos rutinarios, sino como una respuesta a la percepción de desgaste que enfrenta su segundo mandato de gobierno.
La narrativa del cambio, la eficiencia y la transparencia, que fue central en su llegada a la Presidencia, está hoy bajo una acumulación creciente de cuestionamientos por el desplome de las espectativas de la ciudadanía que reclama que las promesas sean convertidas en hechos.
El desafío para el gobierno es demostrar que estos cambios responden a una voluntad real para mejorar las condiciones de vida de la gente y garantizar transparencia administrativa.
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