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Miércoles, 24 de diciembre 2025.
La declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclama a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, este 24 de diciembre, pese al amplio clamor ciudadano y político por un recuento voto por voto, marca un momento crucial para la democracia hondureña.
Más que cerrar el proceso electoral del 30 de noviembre, la decisión abre una crisis de legitimidad que profundiza la desconfianza histórica de la población hacia el CNE y el poder económico oscuro que lo ha manipulado a su antojo.
Las reiteradas denuncias de irregularidades, acompañadas de actas cuestionadas, inconsistencias en la transmisión de resultados y la circulación de decenas de audios previos a la jornada electoral que anticipaban el fraude, configuraron un escenario en que había que aceptar el voto por voto como una obligación democrática para restaurar la credibilidad del proceso.
Al desoír esta demanda, el CNE no solo cerró una vía institucional de verificación, sino que alimentó la percepción de que el organismo actuó más como actor político que como árbitro imparcial.
En ese contexto, la proclamación de Asfura es interpretada por amplios sectores sociales y partidarios como la materialización de un golpe de Estado electoral que rompe el orden democrático no mediante la fuerza militar, sino a través del control y la manipulación de los mecanismos electorales.
Este escenario impone responsabilidades claras al resto de los poderes del Estado. El Ministerio Público enfrenta el deber constitucional de investigar de manera exhaustiva las denuncias de fraude y los elementos probatorios existentes, sin subordinación a intereses partidarios.
El Congreso Nacional, amparado en sus facultades constitucionales, está llamado a actuar como contrapeso institucional, exigiendo transparencia y rendición de cuentas allí donde el órgano electoral ha fallado.
La Presidencia de la República, por su parte, no puede permanecer en una neutralidad pasiva cuando está en juego la legitimidad misma del sistema democrático.
En el plano político, tanto el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) como el Partido Liberal se encuentran ante una disyuntiva histórica.
La coyuntura exige una oposición firme que se centre en la defensa del voto como expresión soberana del pueblo hondureño.
A esta crisis interna se suman las amenazas de represalias del gobierno de Donald Trump contra la institucionalidad hondureñala, en caso de impedirse la llegada de Asfura a la Presidencia.
Tales posicionamientos refuerzan la percepción de injerencia y colocan a Honduras en una situación de vulnerabilidad, donde la autodeterminación democrática parece subordinada a intereses externos.
Hoy, más que nunca, la democracia hondureña enfrenta una prueba decisiva. O se restaura la confianza en el voto o se consolida un precedente peligroso en el que la voluntad popular queda subordinada a decisiones administrativas y presiones de poder.
El desenlace de esta crisis definirá no solo un período presidencial, sino el rumbo institucional del país en los años por venir.
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