Por Luis Herasme
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Lunes, 23 de marzo 2026
Santo Domingo. Si el precio del petróleo cierra en 2026 con un promedio de al menos US$110 por barril, la República Dominicana tendría que pagar mucho más por sus combustibles, como consecuencia de la guerra que Estados Unidos e Israel han sostenido con Irán.
En 2025, el país gastó cerca de US$5,000 millones (unos RD$295,000 millones) en la compra de petróleo y derivados, con un precio promedio de alrededor de US$70 por barril.
Subir hasta US$110 en promedio implicaría un aumento adicional de más de US$40 por barril.
Con ese nivel de precios durante todo el año, la factura petrolera podría subir entre US$7,500 millones (RD$442,500 millones) y US$8,000 millones (RD$472,000 millones).
En términos simples, el país pagaría hasta US$3,000 millones más (unos RD$177,000 millones adicionales) que en 2025.
¿Quién terminará pagando la factura?
Recapitulando, si el precio del petróleo se mantiene en torno a los US$110 por barril durante 2026, la República Dominicana enfrentará una factura que podría subir hasta US$8,000 millones (unos RD$472 mil millones). Es decir, cerca de RD$177 mil millones adicionales respecto a 2025.
El problema no es solo el aumento en sí, sino quiénes terminarán pagando la cuenta.
La experiencia demuestra que, cuando suben los combustibles, el impacto se siente de inmediato en el transporte, la comida y la electricidad.
En pocas palabras, termina afectando directamente el bolsillo de la gente.
Ante este escenario, el Gobierno tiene margen de acción, pero debe tomar decisiones inteligentes.
La prioridad debe ser subsidiar el transporte público, la electricidad y el gas de uso doméstico.
En segundo lugar, es momento de eliminar o reducir, al menos parcialmente, algunos de los tantos impuestos que pesan sobre los combustibles en el país, para evitar alzas bruscas.
También será necesario ajustar el gasto del Estado, reduciendo lo innecesario o no esencial.
Asimismo, hay que aplicar medidas urgentes y reales contra la corrupción y a favor de la transparencia, aunque esto debería ser una constancia y no una excepción.
La población tiene derecho a saber cuánto se gasta, cómo se subsidia y a quién se beneficia. Sin información clara, cualquier medida pierde credibilidad.
La producción masiva de alimentos debe incentivarse mediante apoyo a los pequeños y medianos productores, a través de subsidios a fertilizantes, semillas y maquinarias para la preparación de la tierra.
El país no puede evitar el impacto de una crisis internacional, pero sí puede decidir cómo enfrentarla con la suficiente contundencia, pensando en la gente.
La verdadera prueba no está en manejar cifras millonarias, sino en garantizar que el peso de la crisis no recaiga, una vez más, sobre el bolsillo del pueblo dominicano.
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